Durante años, la inteligencia artificial (IA) fue presentada como un asunto de ingenieros, laboratorios y programación avanzada. Esa imagen ya no corresponde a la realidad. Hoy la IA se discute en cumbres de jefes de Estado, en comités de seguridad nacional, en negociaciones comerciales y en organismos multilaterales. Lo que antes parecía una cuestión técnica se ha convertido en un asunto de poder.
No es posible comprender los debates actuales sobre la inteligencia artificial si se la mira únicamente como una herramienta. Hay que observarla como lo que realmente es, un sistema que reorganiza las relaciones entre países, empresas y ciudadanos.
Una mirada socio-técnica
El enfoque socio-técnico, nutrido por diversas corrientes de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, parte de una idea clave, según la cual tecnología y sociedad se construyen mutuamente.
Un modelo de lenguaje no existe en el vacío. Detrás de él hay chips fabricados en pocos lugares del mundo, enormes centros de datos que consumen agua y electricidad, conjuntos de datos con sesgos culturales, trabajadores que etiquetan información, empresas con intereses comerciales y gobiernos que fijan reglas.
Mirar la IA desde esta perspectiva permite abandonar dos supuestos. El primero sostiene que la tecnología es neutral. El segundo afirma que avanza sola, como una fuerza natural imposible de orientar. Ninguno de los dos resiste un análisis serio.
La pregunta por la agencia
Aquí aparece un concepto central para las ciencias sociales, el de agencia. Entendemos por agencia la capacidad de un actor humano o no humano para influir en su entorno. Aplicado a la inteligencia artificial, el concepto obliga a preguntarse quién decide realmente. ¿Los Estados que regulan? ¿Las corporaciones que diseñan los sistemas? ¿Los ciudadanos que los usan a diario?
Desde esta definición, algunos autores sostienen que los propios sistemas automatizados ejercen una forma de agencia, en la medida en que filtran información, recomiendan decisiones y moldean comportamientos. Sin necesidad de atribuir voluntad a las máquinas, lo cierto es que la IA redistribuye la agencia. Concede mayor capacidad de acción a quienes la controlan y reduce el margen de quienes solo la consumen. Esa redistribución es, en esencia, geopolítica.
La nueva geografía del poder
La competencia por la inteligencia artificial tiene una base material que a menudo se olvida. Los semiconductores avanzados, los minerales críticos, la energía y la capacidad de cómputo se han convertido en recursos estratégicos. Por eso las grandes potencias recurren a controles de exportación, subsidios industriales y alianzas tecnológicas.
No se trata solo de vender productos, sino de asegurar quién podrá entrenar los modelos más capaces y quién quedará rezagado. En este escenario, la soberanía ya no se mide únicamente por el territorio o la fuerza militar, también por el acceso a la infraestructura digital. Un país sin capacidad de cómputo propia ve limitada su agencia para definir su futuro tecnológico.
La disputa por las reglas del juego
A la competencia material se suma una competencia normativa. Existen al menos tres grandes modelos en tensión. Uno privilegia la regulación basada en riesgos y la protección de derechos fundamentales. Otro confía en la autorregulación del mercado y en la innovación empresarial. Un tercero coloca al Estado como orientador y supervisor central de la tecnología.
Cada modelo expresa valores políticos distintos sobre la privacidad, la libertad de expresión y el papel de las instituciones. Quien logre que sus normas se adopten como estándar internacional ampliará su influencia mucho más allá de sus fronteras. Regular la IA es, en el fondo, una forma de exportar una visión del mundo.
El Sur Global entre la dependencia y la oportunidad
En medio de esta disputa, los países de América Latina, África y buena parte de Asia corren el riesgo de ocupar un lugar secundario. Suelen aportar datos, minerales y un trabajo poco visible, como el etiquetado de información o la moderación de contenidos, mientras importan tecnologías diseñadas con otras prioridades y en otros idiomas. Esta asimetría limita su agencia.
Sin embargo, el panorama no está cerrado. La cooperación regional, la inversión en talento local, el desarrollo de modelos adaptados a lenguas y contextos propios, y la participación activa en foros internacionales pueden abrir espacios de autonomía. La clave está en pasar de ser ciudadanos pasivos a convertirse en participantes con voz en la definición de las reglas.
Gobernar la técnica es gobernar la sociedad
La inteligencia artificial no es una fuerza externa que cae sobre nuestras sociedades. Es el resultado de decisiones humanas, intereses económicos y proyectos políticos. Por eso el debate de fondo no es qué puede hacer la IA, sino quién conserva la capacidad de decidir sobre ella y en beneficio de quién.
Defender la agencia de las sociedades, tanto de los Estados como de los ciudadanos, exige transparencia, educación tecnológica y espacios de deliberación democrática (aunque la democracia es, en sí misma, una forma de agencia colectiva). Si la inteligencia artificial es poder, la pregunta urgente es cómo distribuirla de manera más justa.